Edgar landivar 
Hay una estrategia casi infalible para gobernar y ser amado: gastar hoy y dejar que alguien más pague mañana.
No requiere transformar la economía, ni fortalecer instituciones, ni aumentar la productividad, ni decirle al país verdades difíciles. Basta con dominar una fórmula tan antigua como efectiva: convertir el futuro en caja chica del presente.
En lenguaje popular, esta estrategia tiene una frase perfecta: “pan para hoy, hambre para mañana”. Durante un tiempo, el gobernante reparte beneficios visibles: obras, subsidios, bonos, créditos, salarios, carreteras, hospitales, estadios, viviendas, megaproyectos. La población siente que el país avanza. Pero detrás de esa sensación de abundancia puede esconderse una factura que todavía no se ve: deuda, preventas de recursos, contratos opacos, déficits, inflación futura o ingresos públicos ya comprometidos.
La política descubrió hace siglos que los beneficios inmediatos pesan más que los costos futuros. En Roma, el poeta Juvenal dejó una expresión que sobrevivió dos mil años: panem et circenses, “pan y circo”. La idea era sencilla: una población puede ser apaciguada con alimento, entretenimiento y beneficios inmediatos, mientras se distrae de asuntos más profundos de gobierno, libertad o responsabilidad pública.
Roma no tenía multilaterales, bonos soberanos ni preventas petroleras, pero sí entendía el principio político: el poder puede comprar tranquilidad social si entrega algo visible y posterga la discusión sobre el costo. Con el tiempo, los imperios también aprendieron otras formas de ocultar la factura. Cuando los ingresos no alcanzaban, podían degradar la moneda, aumentar tributos o trasladar cargas hacia el futuro. La forma cambia; la lógica permanece.
El gobernante moderno tiene herramientas más sofisticadas. Puede endeudarse con organismos internacionales, emitir bonos, comprometer ingresos petroleros, vender por adelantado recursos naturales o firmar contratos de largo plazo que le den liquidez inmediata. Luego convierte ese dinero en obra pública, gasto social, subsidios o propaganda. La población ve cemento, máquinas, cheques, inauguraciones y discursos. Lo que no ve con la misma claridad son los vencimientos, las tasas, las garantías, los períodos de gracia y las cláusulas que empezarán a pesar cuando el gobernante ya no esté.
Ahí está la genialidad irresponsable del mecanismo: el calendario político y el calendario financiero no coinciden.
Un mandato presidencial dura cuatro, cinco o seis años. Una deuda puede durar veinte o treinta. Una preventa de recursos puede comprometer varios gobiernos. Una obra mal concebida puede requerir mantenimiento por décadas. Un subsidio creado para ganar popularidad puede volverse políticamente imposible de desmontar. El presidente inaugura; el sucesor paga. El primero reparte; el segundo ajusta. El primero queda como generoso; el segundo aparece como cruel.
La historia está llena de ejemplos.
Felipe II de España gobernó un imperio inmenso, poderoso y carísimo. Durante su reinado, España combatió en varios frentes y sostuvo ambiciones imperiales enormes. Un estudio histórico sobre su deuda señala que Felipe II acumuló obligaciones equivalentes a cerca del 60% del producto nacional y suspendió pagos cuatro veces durante su reinado. Fue, en términos modernos, uno de los primeros grandes deudores soberanos seriales.
El caso español no era un programa populista de obras públicas en el sentido actual. Pero sí muestra algo esencial: los gobernantes pueden financiar grandeza presente con obligaciones futuras. La gloria se vive en tiempo real; la factura se distribuye después entre acreedores, contribuyentes y sucesores.
Francia antes de la Revolución ofrece otra lección. Durante el siglo XVIII, la monarquía francesa buscó sostener prestigio internacional y competir con otras potencias europeas, pero sus medios fiscales eran limitados. Britannica describe cómo Francia se involucró en costosas disputas geopolíticas y cómo su política exterior se cruzó con una crisis financiera que debilitó al antiguo régimen. A la larga, la incapacidad de resolver el problema fiscal fue uno de los factores que empujó la convocatoria de los Estados Generales en 1789, abriendo la puerta a la Revolución francesa.
Otra vez, la misma secuencia: el prestigio se disfruta primero; la crisis llega después.
En América Latina, los economistas Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards estudiaron una versión moderna de este fenómeno bajo el nombre de populismo macroeconómico. Lo definieron como una política que enfatiza crecimiento y redistribución, pero subestima los riesgos de inflación, déficit fiscal, restricciones externas y reacción de los agentes económicos. Analizaron casos como Chile bajo Salvador Allende y Perú bajo Alan García, y advirtieron que estos programas suelen terminar con altos costos para los mismos grupos que decían proteger.
Ese punto es importante: la irresponsabilidad fiscal no siempre se presenta como corrupción o cinismo. Muchas veces se presenta como justicia social, desarrollo, soberanía o reparación histórica. El problema no está en querer mejorar la vida de la gente. El problema está en fingir que el dinero no tiene origen, que la deuda no tiene vencimiento y que los recursos futuros pueden gastarse dos veces.
Grecia es un caso contemporáneo de cómo la prosperidad financiada con deuda puede convertirse en una camisa de fuerza nacional. Antes de la crisis europea, el país acumuló déficits y deuda elevados. El Council on Foreign Relations recuerda que, al entrar en la eurozona, Grecia ya tenía deuda superior al 100% del PIB y déficit por encima de los límites europeos; también señala que los Juegos Olímpicos de 2004 costaron al Estado más de 9.000 millones de euros y contribuyeron al aumento del déficit y de la relación deuda/PIB.
Durante los años de abundancia aparente, el gasto parecía manejable. Pero cuando el financiamiento se cerró, llegó la otra cara: rescates, austeridad, recortes, privatizaciones, desempleo y pérdida de margen soberano. La población que había vivido bajo la ilusión de un Estado generoso terminó enfrentando a un Estado condicionado por sus acreedores.
Sri Lanka ofrece una imagen aún más concreta: infraestructura, deuda y pérdida de control sobre activos estratégicos. El puerto de Hambantota fue financiado con préstamos chinos y se convirtió en símbolo internacional de mala planificación, endeudamiento y consecuencias geopolíticas. Britannica señala que el puerto fue inaugurado en 2010 antes de estar plenamente operativo, que para 2014 ya existía una crisis de deuda pública con poco retorno de inversión, y que en 2017 Sri Lanka terminó entregando una participación controlante del puerto a China Merchants Port Holdings por 99 años.
No toda deuda es mala. No toda obra pública es irresponsable. No todo crédito internacional es una trampa. Un Estado serio puede endeudarse para construir infraestructura productiva, financiar educación, mejorar salud, modernizar energía, aumentar competitividad o enfrentar una emergencia. La diferencia está en la calidad del gasto, la transparencia del contrato, la capacidad de pago y el retorno social o económico de la inversión.
El problema aparece cuando la deuda se usa para comprar amor político.
Una carretera que conecta producción con mercados puede ser inversión. Un hospital sin médicos, sin medicinas y sin presupuesto puede ser solo escenografía. Una hidroeléctrica bien planificada puede transformar una matriz energética. Un megaproyecto sobredimensionado puede convertirse en monumento al ego. Una política social focalizada puede reducir pobreza. Un subsidio permanente, generalizado y sin financiamiento puede quebrar al Estado.
La versión más cruda de esta estrategia es la venta anticipada de recursos naturales. Hoy existen mecanismos conocidos como préstamos respaldados por recursos. El Banco Mundial los describe como grandes préstamos gubernamentales, usualmente para infraestructura, garantizados con ingresos futuros provenientes de recursos naturales. También advierte que estos acuerdos suelen ser opacos y que la falta de transparencia dificulta la rendición de cuentas.
Otros estudios sobre este tipo de financiamiento explican que algunos acuerdos funcionan como pagos anticipados por embarques futuros de recursos: el país recibe dinero hoy y paga mañana entregando petróleo, minerales u otros bienes naturales. En ciertos casos, incluso se asignan derechos sobre producción futura o flujos de ingresos específicos.
Dicho de forma simple: el gobierno recibe efectivo, pero el país entrega parte de su mañana.
La ciudadanía, mientras tanto, ve la parte amable del proceso. Ve obras. Ve bonos. Ve inauguraciones. Ve al gobernante caminando entre multitudes, cortando cintas, prometiendo dignidad. Lo que no ve es que una parte del presupuesto futuro ya fue comprometida. Que un recurso natural ya fue vendido. Que una empresa pública ya quedó atada a un contrato. Que el próximo gobierno tendrá menos margen para decidir.
Por eso esta estrategia es tan eficaz electoralmente y tan peligrosa institucionalmente. La obra tiene placa; la deuda tiene anexos. El bono se cobra; el déficit se acumula. El puente se fotografía; el contrato se esconde. El discurso emociona; el vencimiento llega en silencio.
Y cuando llega el ajuste, ocurre una injusticia política frecuente: quien causó el problema queda en la memoria como el gobernante que dio, mientras quien intenta corregirlo queda como el gobernante que quitó.
El primero dice: “yo construí”.
El segundo debe decir: “no hay cómo pagar”.
El primero reparte subsidios.
El segundo sube tarifas.
El primero aumenta gasto.
El segundo negocia deuda.
El primero inaugura.
El segundo cierra, recorta o refinancia.
La irresponsabilidad fiscal funciona porque explota una debilidad de la democracia: los votantes viven en el presente, pero las deudas viven en el futuro. Y el futuro, por definición, todavía no vota.
Los niños que pagarán la deuda no están en las encuestas. Los contribuyentes futuros no marchan hoy. Los recursos naturales que se entregarán mañana no protestan. Los gobiernos posteriores no aparecen en la foto de inauguración. Por eso el gobernante irresponsable puede presentarse como visionario cuando, en realidad, está consumiendo anticipadamente la capacidad de decisión de quienes vendrán después.
Esta práctica no pertenece exclusivamente a una ideología. Puede vestirse de izquierda, de derecha, de nacionalismo, de desarrollismo, de revolución o de modernización. Puede usar lenguaje social, empresarial, patriótico o tecnocrático. Puede financiarse con multilaterales, bancos privados, emisión monetaria, deuda bilateral, preventas petroleras, concesiones o fondos especiales. El envoltorio cambia. La esencia es la misma: comprar legitimidad presente con patrimonio futuro.
Gobernar responsablemente exige exactamente lo contrario. Exige priorizar. Exige decir que no. Exige distinguir inversión de gasto, obra útil de monumento político, protección social de clientelismo, crédito sano de hipoteca nacional. Exige explicar que no todo deseo puede convertirse en presupuesto y que no toda inauguración equivale a desarrollo.
Un estadista construye capacidades que sobreviven a su mandato. Un demagogo construye aplausos que vencen antes que la deuda.
La historia lo ha mostrado una y otra vez: Roma tuvo su pan y circo; los imperios financiaron grandeza con crédito; las monarquías confundieron prestigio con solvencia; los populismos modernos confundieron redistribución con sostenibilidad; y varios países recientes han descubierto que los recursos naturales también pueden gastarse antes de extraerlos.
La estrategia infalible e irresponsable para gobernar y ser amado consiste en hacer que el presente parezca generoso y que el futuro parezca lejano.
Pero el futuro siempre llega.
Y cuando llega, ya no pregunta quién fue amado. Pregunta quién dejó la cuenta.
